El TS declara compatible la condena por conducir bajo los efectos del alcohol y por negarse a realizar la prueba de alcoholemia

El Tribunal Supremo establece que es compatible la condena simultánea por el delito de conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas y por el delito de negarse ante los requerimientos de un agente de la autoridad  a realizar la prueba de alcoholemia. El Alto Tribunal argumenta que no se vulnera el principio de proporcionalidad ni el principio “non bis in ídem”, que impide imponer dos veces una pena a una persona por el mismo delito.

 

La Sala entiende que el legislador ha considerado el castigo acumulado de ambos tipos penales como necesario “para reforzar con una mayor eficacia la tutela penal de los importantes bienes jurídicos personales que están detrás de los riesgos de la circulación vial”, según se desprende de las nefastas cifras que reiteradamente publica la Dirección General de Tráfico.

Con estos argumentos, el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por un conductor que se negó a someterse a la prueba de alcoholemia tras ser requerido para ello por una patrulla policial en Esplugues de Llobregat (Barcelona). Los agentes observaron a este conductor estacionado en mitad de la calzada, entorpeciendo la circulación del resto de los vehículos, así mismo comprobaron que su marcha era irregular, tanto marcha atrás como hacia delante al tiempo que discutía con su mujer y forcejeaba con su hijo menor de edad, que iba en los asientos traseros del coche.

Tanto el Juzgado de lo Penal número 25 de Barcelona, como la Audiencia Provincial, consideraron probado que el hombre tenía síntomas evidentes de hallarse bajo la influencia del alcohol, tales como comportamiento agresivo, insultante, irrespetuoso, eufórico, excitado, habla pastosa, incoherente y repetitiva, falsa apreciación de las distancias y movimiento oscilante de la verticalidad.

Este conductor fue condenado a 1.440 euros de multa por el delito contra la seguridad del tráfico al conducir bajo la influencia de las bebidas alcohólicas y a 6 meses de prisión por el delito de desobediencia a pasar la prueba de alcoholemia. En este último caso con la atenuante de embriaguez. El condenado recurrió ante el  Supremo por considerar que no cabe la condena conjunta por los delitos de conducir bajo la influencia del alcohol y por no someterse a las pruebas para comprobarlo.

El Supremo rechaza el argumento y explica que en este caso no se ha castigado el mismo hecho, ya que la conducta punible consiste en conducir el vehículo bajo la influencia de bebidas alcohólicas, por un lado, y la negativa a pasar la prueba de alcoholemia por otro. En este segundo delito, el bien jurídico directamente protegido es el principio de autoridad, y, en el caso del primer delito, el bien tutelado es la seguridad vial.

Para el Supremo, en el caso que se juzga, no existe duda alguna de que, dado el estado en que conducía el vehículo de motor el acusado por una vía pública, cuyos síntomas y maniobras se describen en el relato de hechos probados, resulta incuestionable que se dan todos los elementos del tipo penal de conducir bajo los efectos del alcohol.

La Sala subraya que la función del artículo de negativa a pasar la prueba de alcoholemia todavía alcanza un mayor realce tras la reforma legal de 2007 del tipo de conducción etílica que se cumplimenta por el mero acto de conducir un vehículo de motor después de haber ingerido bebidas alcohólicas por encima de ciertas tasas legales. “A partir de esa reforma resulta imprescindible la práctica de la pericia de alcoholemia para constatar el elemento típico nuclear consistente en la tasa de alcoholemia.

Además, para los magistrados, “tampoco puede cuestionarse que el procurar que la autoridad y sus agentes ejerzan las funciones que les encomienda la sociedad en unas condiciones de legítima eficacia, prohibiéndose aquellas conductas que las dificulten u obstaculicen, constituye un bien jurídico tutelable por la norma penal.”

Las víctimas de violencia de género se atreven a denunciar cada vez más en Euskadi

Aunque cada vez son más las víctimas que dan el paso de denunciar las agresiones físicas o psíquicas sufridas por su maltratador, sólo representan la mitad de los casos registrados, según datos publicados por del Consejo General del Poder Judicial en el País Vasco.

Cada caso es único y conlleva un trasfondo emocional y profundas secuelas que afectan tanto a la víctima en sí como a su entorno afectivo, más aún, cuando implica directa o indirectamente a menores. En la mayoría de los casos, las víctimas necesitan ayuda profesional para poder superar esta situación y aprender a vivir sin miedo. El apoyo institucional y social, así como la visibilidad que cada día se le está dando a este grave problema, animan a las personas que sufren malos tratos a denunciar cada vez más a su maltratador.

Sin ánimo de reducir esta lacra social a una mera estadística, vale la pena poner de manifiesto algunas cifras que nos pueden aportar una clara fotografía de su evolución en nuestro territorio, siempre en favor de acabar con este grave problema que salpica a diario los titulares de los medios de comunicación con un incesante goteo de casos.

En el País Vasco, durante el año pasado se registraron 4.764 denuncias por violencia de género, 532 más que a lo largo de 2015. Del total de denuncias presentadas en Euskadi, las propias víctimas tomaron la decisión de denunciar a su agresor sólo en la mitad de los casos, con 2.562 denuncias. Por intervención directa policial, se levantaron 1.488 atestados. Aun así, 522 mujeres renunciaron a seguir con el proceso en 75 casos de Gipuzkoa, 12 de Álava y 435 de Bizkaia.

La tasa de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres se sitúa en el País Vasco en 42,4, cifra por debajo de la media nacional que alcanza el 56,70. Por provincias, en Álava se presentaron 884 denuncias por violencia de género, en Gipuzkoa la cifra alcanzó las 1.307 y en Bizkaia fueron 2.573 las denuncias interpuestas.

Admitidas las imágenes del circuito de vigilancia en un caso de despido

El Tribunal Supremo ha estimado un recurso presentado por una empresa en el que se admiten como pruebas válidas para justificar un despido, las imágenes obtenidas por el circuito de video vigilancia de la compañía, por considerar que no vulneran el derecho de protección de datos del trabajador, dado que el empleado conocía la existencia de dichas cámaras de seguridad.

Según se refleja en la sentencia del Alto Tribunal, la restricción “de los derechos constitucionales en juego”, viene justificada principalmente porque los trabajadores estaban informados de la existencia del circuito de cámaras de vigilancia. Según el TS, la instalación de estos dispositivos de seguridad supone una “medida justificada, necesaria y proporcionada” ya que su finalidad es la de llevar un control de los cobros realizados en el establecimiento.

En el caso concreto revisado por el Supremo, las imágenes procedían de una de las cámaras que enfocaba la caja registradora y el terminal punto de venta (TPV); puesto en el que realizaba sus funciones el trabajador que fue despedido por manipulación de tickets y hurto de distintas cantidades y en diferentes ocasiones. La resolución destaca ante estas grabaciones, aceptadas como prueba, que el empleado era consciente de la ubicación de las cámaras y su funcionalidad.

Aún así, el Supremo pone de manifiesto la necesidad de diferenciar entre el uso de estos dispositivos electrónicos para el control de la actividad, cuando los trabajadores son plenamente conscientes de ello, aunque no hayan sido informados de la utilización de las imágenes; de otra utilidad genérica de cámaras para control de accesos o perímetros de establecimientos y que posteriormente se aprovechen sus imágenes para control de cumplimiento de jornada laboral.