Las víctimas de violencia de género se atreven a denunciar cada vez más en Euskadi

Aunque cada vez son más las víctimas que dan el paso de denunciar las agresiones físicas o psíquicas sufridas por su maltratador, sólo representan la mitad de los casos registrados, según datos publicados por del Consejo General del Poder Judicial en el País Vasco.

Cada caso es único y conlleva un trasfondo emocional y profundas secuelas que afectan tanto a la víctima en sí como a su entorno afectivo, más aún, cuando implica directa o indirectamente a menores. En la mayoría de los casos, las víctimas necesitan ayuda profesional para poder superar esta situación y aprender a vivir sin miedo. El apoyo institucional y social, así como la visibilidad que cada día se le está dando a este grave problema, animan a las personas que sufren malos tratos a denunciar cada vez más a su maltratador.

Sin ánimo de reducir esta lacra social a una mera estadística, vale la pena poner de manifiesto algunas cifras que nos pueden aportar una clara fotografía de su evolución en nuestro territorio, siempre en favor de acabar con este grave problema que salpica a diario los titulares de los medios de comunicación con un incesante goteo de casos.

En el País Vasco, durante el año pasado se registraron 4.764 denuncias por violencia de género, 532 más que a lo largo de 2015. Del total de denuncias presentadas en Euskadi, las propias víctimas tomaron la decisión de denunciar a su agresor sólo en la mitad de los casos, con 2.562 denuncias. Por intervención directa policial, se levantaron 1.488 atestados. Aun así, 522 mujeres renunciaron a seguir con el proceso en 75 casos de Gipuzkoa, 12 de Álava y 435 de Bizkaia.

La tasa de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres se sitúa en el País Vasco en 42,4, cifra por debajo de la media nacional que alcanza el 56,70. Por provincias, en Álava se presentaron 884 denuncias por violencia de género, en Gipuzkoa la cifra alcanzó las 1.307 y en Bizkaia fueron 2.573 las denuncias interpuestas.

Admitidas las imágenes del circuito de vigilancia en un caso de despido

El Tribunal Supremo ha estimado un recurso presentado por una empresa en el que se admiten como pruebas válidas para justificar un despido, las imágenes obtenidas por el circuito de video vigilancia de la compañía, por considerar que no vulneran el derecho de protección de datos del trabajador, dado que el empleado conocía la existencia de dichas cámaras de seguridad.

Según se refleja en la sentencia del Alto Tribunal, la restricción “de los derechos constitucionales en juego”, viene justificada principalmente porque los trabajadores estaban informados de la existencia del circuito de cámaras de vigilancia. Según el TS, la instalación de estos dispositivos de seguridad supone una “medida justificada, necesaria y proporcionada” ya que su finalidad es la de llevar un control de los cobros realizados en el establecimiento.

En el caso concreto revisado por el Supremo, las imágenes procedían de una de las cámaras que enfocaba la caja registradora y el terminal punto de venta (TPV); puesto en el que realizaba sus funciones el trabajador que fue despedido por manipulación de tickets y hurto de distintas cantidades y en diferentes ocasiones. La resolución destaca ante estas grabaciones, aceptadas como prueba, que el empleado era consciente de la ubicación de las cámaras y su funcionalidad.

Aún así, el Supremo pone de manifiesto la necesidad de diferenciar entre el uso de estos dispositivos electrónicos para el control de la actividad, cuando los trabajadores son plenamente conscientes de ello, aunque no hayan sido informados de la utilización de las imágenes; de otra utilidad genérica de cámaras para control de accesos o perímetros de establecimientos y que posteriormente se aprovechen sus imágenes para control de cumplimiento de jornada laboral.